La independencia puede esperar
En estos tiempos que la mayoría de políticos, o similares, están ocupados debatiendo cuestiones de alto nivel, es decir, metafísica, grandes líneas de actuación política, independencia, dependencia, y, sobretodo, cuestiones constitucionales. Debates que. en definitiva a los efectos del pueblo no dejan de ser “discusiones bizantinas”.
Cuando a alguien se le ocurre hablar del precio del pan y de temas que nos afectan en el día a día se le dice, en tono peyorativo, que está practicando el populismo ¡como si lo popular no fuéramos todos nosotros! Yo, a pesar de lo dicho, y con pleno ánimo de caer en el populismo, voy a ofrecer una más que posible solución para recuperar y mejorar el estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, etc.). Aunque probablemente parezca una ocurrencia de Perogrullo.
El Código Penal Español, en su redacción de 1995, dice en su art. 404:
TÍTULO XIX. Delitos contra la Administración pública. CAPÍTULO I. De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos
Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Pues bien, bastaría con añadir un 404.1 que dijera más o menos “Asimismo cometerá delito de prevaricación todo funcionario o trabajador público que, tanto él como sus allegados dependientes, utilizasen los servicios privados siguientes: sanidad, educación (aquí se puede añadir lo que convenga)”.
Es seguro que si esto llegase a entrar en vigor, en un plazo sorprendentemente breve, muchos problemas actualmente enquistados se solucionarían de un plumazo
Dentro de esta redacción habría que explicitar que por funcionario o trabajador público se entiende desde el Jefe del Estado hasta el pregonero del más humilde municipio. No es de recibo que altos funcionarios se operen con un cirujano traído de EEUU, que lleven a sus hijos al Colegio Alemán, que vayan a parir a centros privados o que estudien master’s en Iese o Esade. Porque supongo que como responsables públicos de la creación y mantenimiento de estos servicios creerán con fe ciega en lo que han creado ¿o no?
Además habría que redactar los reglamentos pertinentes para evitar aquella clásica picaresca española de “hecha la ley, hecha la trampa”, o lo que decía Romanones “vosotros haced las leyes que yo haré los reglamentos”.
Por supuesto que esto no significaría nacionalizar la sanidad o la educación, podrían convivir sin ningún problema.
En cuanto a la financiación no hay que preocuparse. Si con todo lo que está pasando en temas de corrupción y despilfarro, algún día somos capaces de imponer honradez, seriedad y orden, seguro que habría suficiente dinero.
Puede parecer utópico, pero no lo es. Sólo es necesario que los grandes partidos, especialmente PP, PSOE, PSC, CyU y PNV se pongan de acuerdo en algo tan elemental para la convivencia de todos los españoles. La independencia, el nacionalismo, el federalismo, el centralismo y todos los demás ismos, pueden perfectamente esperar a que lo básico se resuelva.