La privatización de la justicia
En una deriva sin fin, ideada por este Gobierno, para reducir el déficit público sin necesidad de que políticos, altos cargos, banqueros y grandes empresarios sufran consecuencia alguna de la crisis económica de la que han sido cooperadores necesarios, ahora le toca el turno a la privatización de la justicia.
Encabezando dicha empresa se encuentra un “insigne jurista” como el Sr. Ruiz Gallardón, quien tras haber accedido hace muchos años a la Carrera Fiscal, como buen hijo de papa, jamás piso un Tribunal, ya que estaba destinado a realizar tareas más trascendentes como dirigir los designios de los pobres ciudadanos ignorantes.
Su cenit ha llegado en forma de Ministro de Justicia y como el resto de sus ilustres compañeros en el Consejo de Ministros, su máxima preocupación es el ahorro del dinero público a través de la privatización.
Si el intento de privatización de la Sanidad le parece al ciudadano un retroceso en el estado del bienestar que tanto ha costado conseguir y un insulto a la inteligencia popular en un intento de los políticos que nos gobiernan, que parecen olvidar que dichos servicios no los paga el Estado, sino los millones de ciudadanos que componemos dicho Estado, y que con sus cotizaciones a lo largo de toda su vida sostienen la sanidad, movilizándose y protestando por la falta de recursos actuales para mantener la red sanitaria en un intento desesperado de no volver a una sanidad de ricos y otra de pobres. La siguiente en la lista es la privatización de la Justicia.
Pese a que el ciudadano no concibe como algo tan cercano la Justicia como la sanidad o la educación, lo cierto es que la trascendencia de la misma influye de manera más grave en el mantenimiento de la democracia y la igualdad.
Y esto porque en primer lugar el Poder Judicial es un poder del Estado que en principio y sobre bases democráticas debe ser independiente del poder legislativo y ejecutivo, ya que es el Poder Judicial quien tiene encomendada la función de control a los otros dos poderes integrados por políticos. Dicho control está siendo percibido en la actualidad por los ciudadanos, ya que los escándalos por parte de políticos de todo signo están siendo investigados y enjuiciados por Jueces y Tribunales, siendo noticia de portada casi todos los días en prensa, radio y televisión, empezando el ciudadano a entender donde se han ido los miles de millones de euros durante estos últimos 15 años, a base de despilfarro, apropiación y desvío de fondos para beneficio personal.
La Justicia es peligrosa, así lo entiende el partido en el Gobierno y el resto de partidos que han gobernado o gobiernan en la actualidad en pueblos y Comunidades Autónomas, iniciando desde su entrada al poder una hoja de ruta encaminada por un lado a minimizar y someter a la Justicia y por otro a intentar que la misma deje de ser no solo un poder del Estado, sino a que se convierta en un lujo al alcance de muy pocos.
Para alcanzar el primer objetivo, el Partido en el Gobierno con el Sr. Gallardón a la cabeza, no ha dudado, en convertir el máximo órgano de los Jueces, El Consejo General del Poder Judicial, en el órgano más político de la historia de la democracia en España, recortando sus funciones, politizando sus miembros y dando mayor cobertura a los elegidos por los políticos entre personas que no tienen la condición de Jueces.
Como segundo paso, se ha reducido el sueldo de Jueces, Magistrados y Fiscales y bajo el paraguas del ahorro, se han deshecho de más de 2.000 personas que ejercían sus funciones como Jueces o Fiscales sustitutos por toda España y que contribuían con su trabajo, no exento de profesionalidad como quiere hacer parecer nuestro Ministro, a que la justicia se impartiera en plazos razonables ante la escasez de medios materiales y personales. No contento con esto el Gobierno con el Ministro Gallardón ha conseguido a golpe de Decreto, que los Jueces, Magistrados y Fiscales Titulares, tengan que asumir por las buenas o por las malas el trabajo que antes desarrollaban los sustitutos, duplicando su carga de trabajo por unos pocos euros que no pueden rechazar porque les ha venido impuesto por el poder político.
Consecuencia de lo anterior será inexorablemente el retraso en la administración de justicia, haciendo ver a los ciudadanos que las causas judiciales se eternizan y alargan en el tiempo, lo que provocara que las críticas sobre jueces y fiscales se agudicen.
Como remate final y principal objetivo de este Gobierno, nos encontraremos ante la privatización de la Justicia, así el impulso que el Ministerio de Justicia ha dado a la Ley de arbitraje queriendo desviar asuntos civiles y mercantiles a mediadores a fin de que de forma privada y con coste, se determine por supuestos expertos en mediación lo que jurídicamente debería ser resuelto por Jueces y Magistrados con absoluta independencia y formación jurídica amplia; en segundo lugar nos encontramos la implantación de las tasas judiciales, impidiendo mediante el cobro de las mismas al acceso de todos los ciudadanos a la administración de justicia, limitando la misma a las personas que no tienen medios pudiendo entonces solicitar justicia gratuita o a las que les sobra el dinero y pueden hacer frente a unos costes desmedidos, ¿Qué ocurre con la clase media tan castigada en este país? ¿Qué ocurre con las pequeñas y medianas empresas y autónomos que intentan salir adelante en esta crisis pero no pueden reclamar las deudas por el alto coste de estas tasas judiciales?
El toque de gracia que intenta desarrollar el Gobierno para completar su objetivo de privatización de la justicia es la modificación de la Ley de Planta, concentrando los Tribunales de Justicia en las capitales de provincia, de modo que dejarían de existir los Juzgados de pueblo, siendo centralizados en capitales, esto de llevarse a efecto, provocara que el ciudadano para poder acudir a los Tribunales tenga que desplazarse de su pueblo a la capital con el coste y perjuicio que directamente se le provocará, tenga que hacer frente a minutas más elevadas, ya que abogados y procuradores deberán desplazarse a la capital a realizar cuantas gestiones se originan con anterioridad a la celebración de un juicio, su celebración y la ejecución de la Sentencia, esto supondrá elevar el coste económico para el ciudadano que desistirá de su reclamación o se verá abocado a acudir al arbitraje privado aunque solo sea por proximidad.
Es el momento de frenar todo este desatino, y exigir al Estado el mantenimiento de la Justicia como poder independiente que garantice la plena protección de los ciudadanos, el control de los poderes políticos y de sus integrantes para evitar o corregir los excesos que los mismos puedan cometer y la plena igualdad ante la Ley sin que la capacidad económica o el lugar de residencia sea obstáculo para que un ciudadano obtenga de los Tribunales el reconocimiento de sus derechos.